Por Mary Speck, analista del Grupo Internacional de Crisis, Guatemala (@speckmary)
En una decisión histórica, un tribunal de Guatemala condenó el 10 de Mayo al ex dictador militar José Efraín Ríos Montt por los cargos de genocidio y “crímenes contra los deberes de la humanidad” (crímenes de lesa humanidad), en ocasión de las atrocidades cometidas contra comunidades indígenas durante la campaña contrainsurgente desarrollada a inicios de la década de los ochenta, incluyendo masacres, torturas, violaciones sexuales y desplazamiento forzado. La sentencia no tiene precedentes: nunca antes un tribunal nacional había encontrado a un ex jefe de Estado culpable de genocidio. Se envía además un poderoso mensaje: nadie está por encima de la ley y todos – incluyendo las comunidades indígenas marginadas por discriminación y pobreza durante mucho tiempo – tienen el derecho de buscar justicia en los tribunales.
El hecho de que el juicio ocurriera en Guatemala – un país en donde Crisis Group ha reportado que la impunidad ha sido la norma para funcionarios abusivos o corruptos, líderes del crimen organizado y criminales comunes – comprueba el coraje y persistencia de los jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y de los mismos miembros de la comunidad Maya–Ixil. Hablando por medio de traductores, múltiples testigos relataron desgarradores testimonios sobre asesinatos, reiteradas violaciones sexuales y la huida a las montañas después de que el ejército quemara sus viviendas y sembríos. Aunque las comisiones de verdad auspiciadas por las Naciones Unidas y la Iglesia Católica recolectaron testimonios similares en los noventa, la cobertura del juicio permitió a muchos guatemaltecos conocer por primera vez las atrocidades cometidas durante el conflicto armado que empezó en 1960 y perduró por más de tres décadas.
El coraje demostrado por los testigos – que declararon en juicio público y estuvieron sujetos a contra-interrogatorios – podría motivar a las víctimas de crímenes ocurridos más recientemente a presentar sus denuncias. La impunidad alimenta un círculo vicioso en Guatemala: porque la mayoría de crímenes quedan impunes, muy pocas victimas se animan a denunciarlos. Las encuestas muestran que los guatemaltecos no tienen confianza en el sistema de justicia o en la policía, los que son frecuentemente percibidos como ineficientes o corruptos. Pero durante las cinco semanas que duró el juicio, el país tuvo una oportunidad excepcional de ver en acción a un tribunal independiente. El colegiado, integrado por tres jueces, escuchó a alrededor de cien víctimas, incluyendo sobrevivientes indígenas, psicólogos, historiadores, antropólogos forenses y expertos militares.
El proceso dista de haber concluido. Los abogados de Rios Montt tienen mociones y trámites pendientes en otras instancias que pueden eventualmente anular el juicio. También han anunciado la apelación de la sentencia, un proceso que puede tomar meses o incluso años. Rios Montt no es el único individuo sujeto a una posible persecución penal por este tipo de crímenes. El tribunal absolvió al otro acusado, el ex director de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez, porque se concluyó que no tenía mando directo sobre las tropas. Sin embargo, instó a los fiscales para que investiguen a los demás responsables de estas atrocidades. Entre los que ahora enfrentan a la justicia, se encuentra un ex comandante guerrillero acusado de masacrar civiles en la aldea de El Aguacate, en el departamento de Chimaltenango.
Algunos críticos argumentan que estas persecuciones penales abrirán viejas heridas en un país en donde la tensión ya es muy alta en áreas rurales por problemas vinculados a la extracción minera y el acceso a tierra o a la electricidad. Pero no investigar y enjuiciar a los responsables de la represión política del pasado sólo perpetuaría el ciclo de impunidad que incentiva la violencia criminal del presente. El presidente Otto Pérez Molina debe continuar brindando su apoyo a los esfuerzos de la Fiscal General Claudia Paz y Paz, quien fuera galardonada por Crisis Group con el Premio “Búsqueda de la Paz” en 2011, por llevar a los criminales a la justicia, independientemente de su rango, influencia política o poder económico. Pérez Molina ha prometido respetar el proceso judicial. Al cumplir esa promesa, el Presidente demostrará al mundo—y más importante a sus conciudadanos —que Guatemala no es más un país en donde los criminales pueden operar sin temor a la justica.