A pesar del optimismo que rodea al proceso de paz con el principal grupo guerrillero, Colombia sigue sufriendo una de los crisis humanitarias más graves del mundo.
Alrededor de 300.000 personas son desplazadas cada año. Tres cuartas partes de los municipios del país expulsaron o recibieron a personas desplazadas por la violencia en 2012. Los enfrentamientos militares entre grupos armados y el ejército nacional, así como las amenazas directas, generan la gran mayoría de los desplazamientos. Abusos generalizados de los derechos humanos chos humanos, incluyendo el reclutamiento de menores, la violencia sexual, las minas antipersonas, la extorsión y los ataques contra defensores de los derechos humanos también obligan a que muchos colombianos tengan que huir.
Si bien la mayoría de los desplazados abandonan sus hogares en pequeños números, los desplazamientos masivos han aumentado en los últimos años. Los desplazamientos intraurbanos también han incrementado, aunque la tendencia a abandonar las regiones rurales sigue siendo predominante. Al asentarse en los centros urbanos, los desplazados internos se encuentran comparativamente con menos oportunidades que sus vecinos empobrecidos para satisfacer sus necesidades básicas de vivienda y empleo. Los actores armados también continúan estigmatizando y atacando a líderes comunitarios después del desplazamiento. Lamentablemente, las minorías étnicas constituyen un número desproporcionado de los desplazados internos.
El actual gobierno de Colombia ha hecho esfuerzos importantes para fortalecer la asistencia y reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado incluidos los desplazados internos. Una sentencia reciente de la Corte Constitucional obligó al gobierno al gobierno a incluir dentro de su registro oficial a las víctimas del crimen organizado y de la nueva generación de grupos paramilitares.
A pesar de un mayor acceso a los programas generalizados de bienestar social, sólo un pequeño número de desplazados internos han recibido las reparaciones económicas previstas en el marco de la Ley de Víctimas de 2011. La asistencia gubernamental a los desplazamientos masivos ha mejorado, pero la prestación de asistencia inmediata a los grupos más pequeños suele enfrentar demoras prolongadas debido a la sobrecarga de las autoridades locales.