Bogotá, 13 de octubre de 2014 - En respuesta al diálogo actual entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero izquierdista, FARC, el Servicio Jesuita a Refugiados ha instado a las partes negociadoras que no se olviden de las necesidades de los afectados por el conflicto. La aportación del JRS - presentada en el Foro Nacional de Víctimas, en Cali - pidió asistencia a las víctimas, reparación, soluciones al desplazamiento y medidas preventivas. El JRS pidió también a los estados receptores de refugiados que les ofrezcan protección internacional, y que no los obliguen a regresar a Colombia.
Iniciadas en 2012, las negociaciones de paz en La Habana están entrando en su fase decisiva. Para proporcionar a las víctimas la oportunidad de influir en el proceso, Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia organizaron una serie de mesas redondas por todo el país. La última, el Foro Nacional de Víctimas, tuvo lugar en Cali a principios de agosto, donde las víctimas se reunieron para expresar sus puntos de vista sobre décadas de conflicto, que se enviaron a los negociadores en La Habana (Cuba).
Aunque el JRS aplaudió la oportunidad de dar voz a las víctimas del conflicto, su oficina en Colombia pidió aclaraciones a las autoridades sobre cómo el acuerdo de paz podría afectar a las comunidades. La Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, ofrece a los afectados reparaciones, pero no garantiza su protección. Esta ley solo mira al pasado y no tiene en cuenta el futuro. En consecuencia, de acuerdo con la presentación del JRS, la ley nunca debería usarse como base para justificar el retorno de los refugiados a Colombia.
El documento del JRS al foro trató no solo la necesidad de compensaciones y asistencia humanitaria, sino que también animó a los actores involucrados en el proceso de paz a profundizar en las causas del conflicto y tomar medidas preventivas.
Enfoque humanitario y asistencia. El gobierno colombiano debe garantizar que las víctimas de las nuevas bandas criminales (BACRIM), formadas por miembros de los grupos paramilitares "oficialmente desmovilizados", sean reconocidas como tales y reciban asistencia humanitaria. Por otra parte, teniendo en cuenta que las autoridades regionales suelen tener una larga tradición en asistir a las víctimas del conflicto, habría que promover una mayor descentralización de la asistencia, junto al apoyo financiero y técnico.
Verdad, justicia y reparación. La Ley 1448 garantiza los derechos de las víctimas a recibir una reparación. Así, el JRS ha subrayado la necesidad de que el Estado garantice que este derecho se respete en su totalidad. Además, en nombre de la justicia, debe garantizarse el derecho de las víctimas a conocer la identidad de quienes cometieron crímenes contra ellas. Aparte, el JRS pide que haya escaños en el Congreso colombiano reservados a los representantes de las víctimas para así garantizar la defensa y protección de sus derechos.
Soluciones duraderas. Encontrar soluciones para las víctimas del desplazamiento forzoso requerirá de unos mecanismos a largo plazo que ayuden a miles de familias a reconstruir sus vidas. Si bien se necesitan políticas de reintegración nacional, la aplicación de estrategias debe ser impulsada a nivel local. Las comunidades marginadas afectadas por la violencia necesitarán el apoyo de las autoridades locales y regionales financiadas por el gobierno central. Si bien ya se han desarrollado políticas legales y públicas, el JRS apremió al Estado a identificar y solventar la brecha entre las políticas y su aplicación real.
Prevención, protección y medidas preventivas. De acuerdo con la presentación del JRS, el gobierno, los grupos de la sociedad civil, los medios de comunicación y los grupos del sector privado tienen que desarrollar estrategias y actividades que promuevan la paz y la reconciliación. El proceso de paz, sigue el documento, debe centrarse en las áreas que han sido históricamente excluidas y, a menudo, propensas a la violencia. El JRS pidió a las autoridades promover el estado de derecho, apoyar a las comunidades afectadas por la violencia, proporcionar alternativas a las actividades ilícitas como los cultivos de drogas y el contrabando de mercancías, y luchar contra los grupos armados ilegales, así como la corrupción local y regional dentro y fuera del sector estatal.